{"id":46971,"date":"2005-01-01T12:00:00","date_gmt":"2005-01-01T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/formacionsimple.com\/revistasculturales\/archivos\/46971"},"modified":"2005-01-01T12:00:00","modified_gmt":"2005-01-01T12:00:00","slug":"la-constitucionalizacion-del-proceso-de-integracion-en-europa","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/formacionsimple.com\/revistasculturales\/la-constitucionalizacion-del-proceso-de-integracion-en-europa\/","title":{"rendered":"La constitucionalizaci\u00f3n del proceso de integraci\u00f3n en Europa"},"content":{"rendered":"

Autor:<\/strong> Francisco Rubio Llorente<\/p>\n

Revista:<\/strong> Revista de Occidente n\u00ba 284<\/p>\n\n

Introducci\u00f3n <\/em><\/strong><\/p>\n

La incorporaci\u00f3n de Espa\u00f1a al proceso de integraci\u00f3n europea se ha encauzado hasta el presente a trav\u00e9s del art\u00edculo 93 de la Constituci\u00f3n, cuyo texto, que no hace referencia expl\u00edcita alguna a dicho proceso, se inspira en la redacci\u00f3n que en 1978 ten\u00eda el art\u00edculo 24 de la Constituci\u00f3n alemana, un modelo utilizado tambi\u00e9n por otros Estados. Desde entonces ac\u00e1, ha corrido sin embargo mucha agua bajos los puentes. El progreso de la integraci\u00f3n econ\u00f3mica, la en\u00e9rgica afirmaci\u00f3n que el Tribunal de Justicia ha hecho del efecto directo del derecho europeo y de su primac\u00eda sobre las normas internas de cualquier rango, y desde hace ya doce a\u00f1os, la inclusi\u00f3n de las Comunidades originarias en el seno de una Uni\u00f3n Europea de \u00e1mbito mucho m\u00e1s amplio y m\u00e1s ambiciosos objetivos, han originado cambios probablemente irreversibles en la estructura y el funcionamiento de los Estados miembros. Estos cambios, que es dif\u00edcil entender como simple consecuencia de la atribuci\u00f3n \u00aba organizaciones o instituciones internacionales del ejercicio de competencias derivadas de la Constituci\u00f3n\u00bb, han modificado ya t\u00e1citamente la nuestra, como las del resto de nuestros socios; al menos las de aquellos que, en raz\u00f3n de la fecha de su incorporaci\u00f3n a la Europa unida, no hab\u00edan ya elaborado o reformado las suyas antes de esa incorporaci\u00f3n. <\/p>\n

Aun si se acepta que cabe hablar de \u00abmutaci\u00f3n\u00bb cuando la modificaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n no es simplemente producto de un cambio en la interpretaci\u00f3n de sus preceptos, esa categor\u00eda, acu\u00f1ada para explicar otros fen\u00f3menos, se acomoda mal a una transformaci\u00f3n que se debe a la aplicaci\u00f3n de normas que forman parte de otro ordenamiento y que alcanza las proporciones gigantescas que tiene ya la originada en las Constituciones de los Estados miembros incorporados a la Uni\u00f3n antes de que fuesen previsibles las consecuencias constitucionales de tal incorporaci\u00f3n. Si esa modificaci\u00f3n t\u00e1cita no ha de ser entendida como una renuncia a la idea de Constituci\u00f3n, o como un abandono vergonzante de la soberan\u00eda nacional, es indispensable que el poder constituyente la haga expl\u00edcita como obra suya. Esto es, reformar formalmente el texto constitucional a fin de conseguir que lo que es inevitable aceptar para construir una Europa unida sea efectivamente producto de una opci\u00f3n deliberada y expresa de los pueblos de Europa, que s\u00f3lo as\u00ed estar\u00e1n por lo dem\u00e1s en condiciones de determinar cu\u00e1les son los l\u00edmites que en cada momento desean imponer al proceso de integraci\u00f3n. <\/p>\n

As\u00ed lo han hecho ya cinco de los seis Estados fundadores, y de forma destacada Francia y Alemania, cuyas Constituciones fueron profundamente reformadas en 1992. Mi convicci\u00f3n sobre la necesidad de reformar la Constituci\u00f3n en este punto viene de muy atr\u00e1s y ha sido expuesta en muchas ocasiones. Creo firmemente que el cambio es necesario por razones, por as\u00ed decir, estrictamente internas, para dotar de fundamento constitucional a la potestad de los jueces de inaplicar leyes espa\u00f1olas perfectamente v\u00e1lidas y tratar de mantener el equilibrio que la Constituci\u00f3n consagra, tanto entre los distintos \u00f3rganos centrales del Estado, como entre \u00e9stos y los de las Comunidades Aut\u00f3nomas. Pero mi convicci\u00f3n viene tambi\u00e9n de razones \u00abeuropeas\u00bb, pues pienso que las reformas constitucionales que reflejen la naturaleza espec\u00edfica de los Estados miembros de la Uni\u00f3n son precisamente el instrumento adecuado para constitucionalizar el orden jur\u00eddico-pol\u00edtico de la Uni\u00f3n, para hacer posible la existencia de una aut\u00e9ntica Constituci\u00f3n europea. <\/p>\n

La necesidad de europeizar las Constituciones nacionales <\/em><\/strong><\/p>\n

Nuestro pa\u00eds, como todos los que forman parte de la Uni\u00f3n, se encuentra abocado a la dif\u00edcil tarea de cohonestar dos \u00f3rdenes jur\u00eddico- pol\u00edticos, estrechamente imbricados, pero no reducidos todav\u00eda a la unidad: el orden constitucional interno, basado en la soberan\u00eda nacional, cuyo titular es el pueblo espa\u00f1ol, y el orden de la Uni\u00f3n Europea, a la que los Estados miembros atribuyen competencias para alcanzar sus objetivos comunes y cuya existencia implica, en consecuencia, una limitaci\u00f3n de la soberan\u00eda de los Estados. <\/p>\n

A falta de una teor\u00eda s\u00f3lida y generalmente aceptada, cuya elaboraci\u00f3n es improbable en el actual estadio de desarrollo de la Uni\u00f3n, esta tarea s\u00f3lo puede ser abordada, tanto desde \u00e9sta como desde los Estados, mediante soluciones puramente pragm\u00e1ticas y f\u00f3rmulas ret\u00f3ricas de significado incierto. El Tratado Constitucional de la Uni\u00f3n (art\u00edculo I-5) proclama as\u00ed el respeto de \u00e9sta a \u00abla igualdad de los Estados miembros y a su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales pol\u00edticas y constitucionales de \u00e9stos, tambi\u00e9n en lo que respecta a la autonom\u00eda local y regional\u00bb, as\u00ed como a \u00ablas funciones esenciales del Estado, en particular las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden p\u00fablico y salvaguardar la seguridad nacional\u00bb. Este respeto, cuya garant\u00eda reposa en \u00faltimo t\u00e9rmino en la participaci\u00f3n de los gobiernos en las decisiones de la Uni\u00f3n y que, en consecuencia, es tanto menos seguro cuanto mayor es el \u00e1mbito abierto a la decisi\u00f3n por mayor\u00eda, simple o cualificada, no basta sin embargo para dar respuesta al problema que los Estados han de resolver y que se plantea, por as\u00ed decir, en tres planos distintos. Uno, el plano fundamental de la concepci\u00f3n misma del Estado; los otros, los planos ontol\u00f3gicamente inferiores, aunque de mayor relevancia pr\u00e1ctica, de la estructura del ordenamiento jur\u00eddico y de la organizaci\u00f3n del poder. El problema fundamental es, claro est\u00e1, el de determinar cu\u00e1l es el l\u00edmite infranqueable, si existe, m\u00e1s all\u00e1 del cual no cabe ir sin que el Estado deje de existir como tal. Los otros problemas, que s\u00f3lo por relaci\u00f3n con \u00e9l se pueden decir menores, vienen de las exigencias de la pr\u00e1ctica y est\u00e1n muy estrechamente conectados entre s\u00ed. El que plantea la primac\u00eda del derecho europeo sobre el derecho interno y la alteraci\u00f3n profunda que la integraci\u00f3n en la Uni\u00f3n produce en el equilibrio constitucional entre los distintos poderes del Estado: el equilibrio entre gobierno y Parlamento, e incluso entre la jurisdicci\u00f3n constitucional y la ordinaria, de una parte; el equilibrio entre los poderes centrales y los poderes territoriales, de la otra. <\/p>\n

El problema fundamental es un problema pol\u00edtico, el problema pol\u00edtico central de la integraci\u00f3n, cabr\u00eda decir, no un problema estrictamente jur\u00eddico. Aunque es un problema vivo, no cabe ignorar el esfuerzo que algunos Estados han hecho para aproximarse a una soluci\u00f3n, afirmando que las cesiones de soberan\u00eda, que expl\u00edcitamente aceptan, tienen l\u00edmites infranqueables. Una afirmaci\u00f3n que se ha incorporado al propio texto constitucional y que ha sido subrayada mediante decisiones judiciales, de las que ofrecen buen ejemplo algunas sentencias del Tribunal Constitucional Federal alem\u00e1n o del Consejo Constitucional franc\u00e9s. No intento ocuparme aqu\u00ed de \u00e9l, ni est\u00e1 en el deseo de resolverlo la raz\u00f3n que me lleva a creer en la necesidad de reformar nuestra Constituci\u00f3n en este punto de la \u00abapertura a Europa\u00bb, aunque, como despu\u00e9s dir\u00e9, tambi\u00e9n creo que esa reforma ha de llevarse a cabo en t\u00e9rminos que ayuden a su soluci\u00f3n. Mis argumentos se mueven en el plano m\u00e1s bajo de las exigencias de la pr\u00e1ctica. <\/p>\n

En Espa\u00f1a, como en el resto de los pa\u00edses miembros, la integraci\u00f3n europea comporta una limitaci\u00f3n de la libertad de acci\u00f3n del Estado, al que impone pautas de actuaci\u00f3n que a veces chocan con autorizaciones constitucionales expl\u00edcitas. Pi\u00e9nsese, por ejemplo, en las menguadas posibilidades que nuestros gobernantes tienen actualmente de \u00abreservar al sector p\u00fablico recursos o servicios esenciales…\u00bb, como prev\u00e9 el art\u00edculo 128.2 de la Constituci\u00f3n, o de \u00abplanificar la actividad econ\u00f3mica general\u00bb, como dice el art\u00edculo 131.1. Pero aparte de esa limitaci\u00f3n de unas posibilidades que nunca fueron muy grandes, la integraci\u00f3n implica una reducci\u00f3n del poder de los distintos \u00f3rganos del Estado, que se proyecta de manera muy desigual sobre \u00e9stos, alterando as\u00ed el equilibrio institucional previsto en la Constituci\u00f3n. Afecta m\u00e1s a las Cortes que al gobierno y m\u00e1s a las Comunidades Aut\u00f3nomas que a las instancias centrales. El gobierno participa en la elaboraci\u00f3n de reglamentos y directivas comunitarias, en tanto que las Cortes, que no tienen intervenci\u00f3n alguna en la creaci\u00f3n de esas normas, han de aceptar que sus propias leyes se vean desplazadas por los reglamentos y se ven forzadas a transponer unas directivas, que cada vez dejan menor margen de libertad al legislador estatal. Las Comunidades Aut\u00f3nomas, de otra parte, titulares en muchas ocasiones de la competencia exclusiva sobre las materias que caen dentro del \u00e1mbito de la Comunidad Europea, carecen de facultades para contribuir a fijar la posici\u00f3n del Estado espa\u00f1ol en negociaciones de las que resultan decisiones, que sin embargo han de poner en pr\u00e1ctica, aunque, de otra parte, no sean ellas, sino el Estado en su conjunto el que responde del eventual incumplimiento de tal obligaci\u00f3n. Formalmente, como el Tribunal Constitucional ha dicho muchas veces, la integraci\u00f3n en Europa no altera el orden interno de competencias; materialmente, en la pr\u00e1ctica, no cabe ignorar que se ha producido una alteraci\u00f3n que, hasta el presente, se ha intentado corregir con medidas reglamentarias o legales de efectos muy limitados. <\/p>\n

No es seguro, en modo alguno, que baste con dotar de base constitucional a estas medidas, o a otras muchas que cabr\u00eda a\u00f1adir, para eliminar las distorsiones que trae aparejadas la integraci\u00f3n en Europa, pero tampoco cabe negar que esas medidas ser\u00e1n m\u00e1s eficaces y m\u00e1s inexcusables si se inscriben en la Constituci\u00f3n los principios que las inspiran y los objetivos que han de perseguir y que, adem\u00e1s, hay medidas que s\u00f3lo en el plano constitucional cabe adoptar. Los ejemplos for\u00e1neos de reformas de este g\u00e9nero son abundantes y bien conocidos. <\/p>\n

La oportunidad de la reforma, sin embargo, no viene s\u00f3lo de la necesidad de corregir el desequilibrio institucional. Con igual o mayor fuerza la aconseja la necesidad de dotar de base constitucional al deber que nuestros tribunales tienen de asegurar la primac\u00eda del derecho europeo sobre el puramente interno. Un deber que les obliga a inaplicar las normas espa\u00f1olas, \u00abcualquiera que fuese su rango\u00bb, cuando est\u00e1n en contradicci\u00f3n con normas europeas anteriores en el tiempo, y que por tanto parece prima facie <\/em> incompatible con su sujeci\u00f3n al imperio de la ley. Una sujeci\u00f3n que es absoluta en lo que toca a la Constituci\u00f3n misma y que, en lo que respecta a las normas de rango legal, est\u00e1 atenuada s\u00f3lo por la facultad que la propia Constituci\u00f3n (art\u00edculo 163) les concede de cuestionar su constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. <\/p>\n

En lo que respecta a la primac\u00eda de las normas europeas sobre las constitucionales, esta contradicci\u00f3n inherente a la doble condici\u00f3n de juez europeo y juez nacional, aunque te\u00f3ricamente insoluble, ser\u00eda pr\u00e1cticamente improbable cuando entre en vigor el Tratado Constitucional Europeo, si se interpreta rigurosamente el art\u00edculo II-113, que, siguiendo inexplicablemente el modelo de la Convenci\u00f3n Europea de los Derechos Humanos, atribuye a los consagrados en la Carta el car\u00e1cter de m\u00ednimos. Como el \u00e1mbito en el que la colisi\u00f3n entre normas europeas y normas constitucionales puede producirse es, sobre todo, el de los Derechos Fundamentales, si acoge esa interpretaci\u00f3n estricta, el juez nacional deber\u00eda aplicar siempre su propia Constituci\u00f3n cuando la protecci\u00f3n que \u00e9sta ofrece sea mayor. Pero el riesgo de que una interpretaci\u00f3n as\u00ed quiebre la uniformidad en la aplicaci\u00f3n del derecho europeo llevar\u00e1 seguramente a sustituirla por alguna otra menos rigurosa, con lo que las posibilidades de contradicci\u00f3n entre derecho europeo y Constituciones nacionales seguir\u00e1 siendo la misma que hoy tenemos. <\/p>\n

Con independencia de ello, tampoco cabe ignorar la trascendencia pr\u00e1ctica de las eventuales contradicciones entre las normas europeas y las internas de rango legal. Como, de acuerdo a la doctrina Simmenthal, el juez \u00abeuropeo\u00bb ha de inaplicar la norma nacional sin cuestionarla previamente ante el Tribunal Constitucional, la sujeci\u00f3n a la ley desaparece, o se transforma en una sujeci\u00f3n a dos sistemas normativos imprecisamente articulados. Una situaci\u00f3n que, entre otros defectos, tiene el de privar al justiciable de remedios eficaces frente a la negativa del juez nacional a aplicar la norma europea cuando debiera hacerlo, y en sentido contrario, permite la inaplicaci\u00f3n de la norma interna a partir de interpretaciones absurdas de la norma europea. Ejemplos de lo uno y de lo otro pueden encontrarse en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. De lo primero, la STC 45\/1996, entre otras; de lo segundo, la reciente 58\/2004, con la que quiz\u00e1s se inicia la senda plausible, pero en cierto sentido contradictoria, que ha llevado a la jurisdicci\u00f3n constitucional de Alemania y de Italia a considerar inconstitucional la aplicaci\u00f3n defectuosa del derecho europeo. <\/p>\n

Esta situaci\u00f3n, que aunque defectuosa ha permitido el progreso de la integraci\u00f3n, es producto de las construcciones, muy laxas y de m\u00e1s valor pragm\u00e1tico que te\u00f3rico, sobre las que se ha apoyado hasta el presente la primac\u00eda del derecho europeo sobre el puramente interno. Por ejemplo, la de la superioridad del Tratado sobre la ley y\/o la de que, al aceptar en el Acta de adhesi\u00f3n todo el acervo comunitario, el Estado espa\u00f1ol acept\u00f3 tambi\u00e9n el principio de la primac\u00eda del derecho europeo, que no figura en los Tratados, pero que hab\u00eda sido establecido ya por la jurisprudencia de Luxemburgo en decisiones bien conocidas. La debilidad te\u00f3rica y los riesgos potenciales de estas construcciones, que adem\u00e1s de los defectos se\u00f1alados tienen el de no preservar \u00e1mbito alguno, ni siquiera el de los Derechos Fundamentales, en el que el \u00ablegislador\u00bb comunitario no pueda entrar en el ejercicio de sus competencias propias, ser\u00edan en s\u00ed mismas razones suficientes para impulsar una reforma constitucional que permitiera prescindir de ellas. Pero sucede, adem\u00e1s, que han dejado de ser utilizables frente al Tratado <\/p>\n

Constitucional Europeo, en el que (Parte primera, art\u00edculo 6) el principio de primac\u00eda deja de ser simple doctrina jurisprudencial para convertirse en norma convencional expl\u00edcita y rotunda. Se hace dif\u00edcil entender que, al aceptar esta estipulaci\u00f3n, el Estado espa\u00f1ol se est\u00e9 limitando a atribuir a una organizaci\u00f3n internacional el ejercicio de competencias derivadas de la actual Constituci\u00f3n. Pero del problema espec\u00edfico que suscita el Tratado por el que se instituye una Constituci\u00f3n para Europa me ocupar\u00e9 despu\u00e9s, pues naturalmente no es el deseo de resolver este problema concreto el que me ha llevado a pensar, desde hace ya mucho, como antes se\u00f1alaba, que es necesario apoyar nuestra integraci\u00f3n en Europa en bases m\u00e1s firmes que las que hoy ofrece nuestra Constituci\u00f3n. <\/p>\n

La necesidad de constitucionalizar la Uni\u00f3n <\/em><\/strong><\/p>\n

Las razones de orden interno son las ya dichas, pero no son estas razones derivadas de nuestro propio sistema constitucional las \u00fanicas que justifican a mi juicio la necesidad de la reforma. A ellas se suma otra, a mi parecer muy poderosa, que viene de las peculiaridades del proyecto de construcci\u00f3n de una Europa unida. Es perfectamente razonable la aspiraci\u00f3n de dotar a la Uni\u00f3n Europea de una Constituci\u00f3n, pero como la Uni\u00f3n es hoy, y seguir\u00e1 siendo en el futuro previsible, una realidad muy distinta de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, el proceso de constitucionalizaci\u00f3n ha de seguir aqu\u00ed un camino diferente al que all\u00ed se sigui\u00f3, que es admirable, pero no por ello un modelo de validez universal. El intento de seguirlo apenas logra pasar de las apariencias y, pese a la decisi\u00f3n de designarla con la misma denominaci\u00f3n, la Convenci\u00f3n que elabor\u00f3 el Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constituci\u00f3n para Europa ha sido algo bien diferente de la Convenci\u00f3n de Filadelfia. <\/p>\n

Sin desconocer el m\u00e9rito de su obra, su esfuerzo no ha bastado, ni pod\u00eda bastar, para cambiar en Constituci\u00f3n lo que formalmente es Tratado, si por Constituci\u00f3n se entiende la Carta Fundamental de una comunidad pol\u00edtica que determina esencialmente el sentimiento de identidad de quienes la componen. <\/p>\n

Para abordar con realismo la ingente tarea de dotar de una Constituci\u00f3n a esta Uni\u00f3n de Estados y de pueblos, conviene tener siempre presente el objetivo perseguido. Aunque la Uni\u00f3n se propone ser cada vez m\u00e1s estrecha, su finalidad no es la abolici\u00f3n de lo diverso, sino la uni\u00f3n en la diversidad. Los europeos estamos a\u00fan agrupados en pueblos distintos, pol\u00edticamente organizados en Estados diversos, y la finalidad que perseguimos es la de seguir estando as\u00ed, aunque reduciendo progresivamente la distancia que nos separa. En esa perspectiva, la l\u00f3gica lleva a la conclusi\u00f3n de que los esfuerzos que en com\u00fan hagamos tendr\u00e1n muy reducido alcance si no van acompa\u00f1ados de los que por su cuenta haga cada uno de nuestros pueblos, a trav\u00e9s de los respectivos Estados. Constituciones en el sentido pleno del t\u00e9rmino son s\u00f3lo, hoy por hoy, las Constituciones nacionales y, en consecuencia, sobre ellas ha de erigirse la deseada Constituci\u00f3n europea. S\u00f3lo as\u00ed se lograr\u00e1 llevar a la conciencia de los ciudadanos la convicci\u00f3n de que la pertenencia a la Uni\u00f3n es un modo de ser del propio Estado. <\/p>\n

Siguiendo esta idea, yo suger\u00ed hace ya algunos a\u00f1os, cuando se negociaba el Tratado de Amsterdam, la conveniencia de que el propio Tratado de la Uni\u00f3n incorporase una f\u00f3rmula que los distintos Estados se comprometer\u00edan a adoptar para la reforma de sus Constituciones nacionales. Pero no es esto lo que ahora propugno. S\u00f3lo trato de exponer mi convicci\u00f3n de que la reforma de la Constituci\u00f3n en este punto es necesaria, no s\u00f3lo por razones de orden interno, sino tambi\u00e9n por otras que atienden al inter\u00e9s de la construcci\u00f3n europea. Que siendo parte de ella, es necesario en definitiva que nuestro Estado, como han hecho otros, incluya en su propia Constituci\u00f3n lo que es ya un componente de su propia esencia. <\/p>\n

Los Tratados europeos como instrumentos de reforma constitucional <\/em><\/strong><\/p>\n

Las reformas necesarias para adecuar la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola a la naturaleza que hoy tiene nuestro Estado como Estado \u00abintegrado\u00bb, miembro de una Uni\u00f3n de la que dif\u00edcilmente podr\u00eda salir, aunque formalmente tenga la capacidad de hacerlo, habr\u00e1n de tener un contenido muy amplio si intentan corregir en lo posible los desequilibrios institucionales inducidos por la incorporaci\u00f3n a la Uni\u00f3n. Dejo ahora de lado este contenido m\u00e1s amplio para reducirme a la reforma de la norma de engarce entre nuestro ordenamiento, basado en la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n, y el ordenamiento de la Uni\u00f3n, basado en la supremac\u00eda jur\u00eddica del Tratado; al precepto que deber\u00eda sustituir al actual art\u00edculo 93. La idea central de tal reforma deber\u00eda ser, a mi juicio, la de que el mejor modo de resolver esta cuesti\u00f3n, ahora y hacia el futuro, es la de exigir que la autorizaci\u00f3n de las Cortes se conceda por el mismo quorum <\/em>reforzado que el art\u00edculo 167 requiere para la reforma constitucional. <\/p>\n

Seguir el procedimiento previsto para \u00e9sta, aunque prescindiendo de la Comisi\u00f3n paritaria Congreso-Senado, que en este caso no podr\u00eda desempe\u00f1ar funci\u00f3n alguna. La aplicaci\u00f3n de este procedimiento permitir\u00eda que el mismo precepto constitucional previese la imposibilidad de cuestionar la constitucionalidad de los Tratados as\u00ed ratificados, o el derecho derivado de ellos, por un motivo que no fuese precisamente el de su incompatibilidad con alguna de las normas para cuya reforma es necesario acudir al procedimiento del art\u00edculo 168. Algo muy semejante, en definitiva, a lo que se hizo en Alemania con la reforma del art\u00edculo 23 de su Constituci\u00f3n. Resumo a continuaci\u00f3n las razones que me llevan a esta conclusi\u00f3n. <\/p>\n

Es f\u00e1cil comprender que la concordancia entre un Tratado que implica limitaciones a la soberan\u00eda nacional y las Constituciones que se fundamentan en la existencia de \u00e9sta ha de ser siempre problem\u00e1tica. Cuando la divergencia entre Tratado y Constituci\u00f3n no puede salvarse recurriendo a interpretaciones m\u00e1s o menos malabaristas, no cabe sino renunciar al Tratado o reformar la Constituci\u00f3n, como prev\u00e9 el art\u00edculo 95 de la nuestra, del que hasta ahora se ha hecho uso una sola vez, con motivo precisamente del Tratado de la Uni\u00f3n, del Tratado de Maastricht. Este \u00fanico caso de aplicaci\u00f3n de dicho precepto constitucional basta, sin embargo, para evidenciar su absoluta insuficiencia. <\/p>\n

La inadecuaci\u00f3n del sistema previsto en el art\u00edculo 95 viene, en primer lugar, del hecho de que deja en manos del \u00f3rgano consultante la determinaci\u00f3n de cu\u00e1les son las estipulaciones convencionales que el Tribunal Constitucional ha de contrastar con la Constituci\u00f3n. En aquella ocasi\u00f3n, la consulta se centr\u00f3 en el art\u00edculo 8 B, apdo. 1, del Tratado de la Comunidad Econ\u00f3mica Europea, modificado por el art\u00edculo G del Tratado de la Uni\u00f3n, que conced\u00eda a los ciudadanos europeos residentes en un pa\u00eds que no fuera el de su nacionalidad el derecho a ser elegidos en las elecciones locales. Un derecho importante, sin duda, pero que, al menos en Espa\u00f1a, afecta poco a la soberan\u00eda nacional. Menos desde luego que muchas otras estipulaciones del mismo Tratado, por ejemplo la que llev\u00f3 a la creaci\u00f3n de la moneda \u00fanica. Al verse obligado a responder a una pregunta as\u00ed delimitada, el Tribunal Constitucional no tuvo posibilidad alguna de analizar en su integridad el texto del Tratado para averiguar si hab\u00eda o no en \u00e9l otras estipulaciones que exigiesen la previa reforma de la Constituci\u00f3n. Cabr\u00eda decir que, aunque es imposible que el Tribunal Constitucional act\u00fae de oficio, en estos casos como en todos, la limitaci\u00f3n en el conocimiento del caso que viene de la formulaci\u00f3n de la pregunta desaparecer\u00eda si \u00e9sta se formulase en t\u00e9rminos generales, referida a la totalidad del Tratado. As\u00ed lo viene haciendo, por ejemplo, el presidente de la Rep\u00fablica Francesa al solicitar el dictamen del Consejo Constitucional sobre la compatibilidad con la Constituci\u00f3n de los sucesivos Tratados de la Uni\u00f3n Europea, el de Maastricht, el de Amsterdam y el TCE. El remedio ser\u00eda, sin embargo, peor que la enfermedad, pues esa consulta global obligar\u00eda al Tribunal a discernir por s\u00ed mismo los argumentos a favor y en contra de la constitucionalidad de cada una de las estipulaciones convencionales, aisladamente y en su conjunto. A actuar como \u00f3rgano pol\u00edtico, no como \u00f3rgano jurisdiccional. <\/p>\n

Pero adem\u00e1s de defectuoso el sistema es in\u00fatil para lograr la finalidad que lo justifica. Como es obvio, esa finalidad es la de asegurar que, una vez ratificado, el Tratado es inatacable desde el punto de vista de la constitucionalidad y, en consecuencia, desaparece el riesgo de que el Estado se vea en la imposibilidad de cumplir las obligaciones que ha asumido porque un juez le proh\u00edbe hacerlo. Para que as\u00ed sea, es imprescindible, sin embargo, que, tras su entrada en vigor, la constitucionalidad del Tratado no pueda ser puesta en cuesti\u00f3n, y eventualmente negada, por motivos que no se tuvieron en cuenta en el momento del control previo, sea porque entonces no se advirtieron, sea porque han aparecido despu\u00e9s. As\u00ed sucede, naturalmente, en aquellos sistemas jur\u00eddicos en los que no existe control de constitucionalidad a posteriori <\/em>y por eso este procedimiento de la consulta previa de los Tratados tiene pleno sentido en la Constituci\u00f3n francesa, de donde lo tom\u00f3 la nuestra. Entre nosotros, por el contrario, si bien el pronunciamiento de inconstitucionalidad es definitivo, los pronunciamientos de no inconstitucionalidad no cierran el paso a impugnaciones futuras, de manera que la constitucionalidad del Tratado consultado puede ser cuestionada a todo lo largo de su vigencia por cualquier juez y con motivo de cualquiera de sus aplicaciones; por ejemplo, en raz\u00f3n de la posible contradicci\u00f3n con la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola de una norma de derecho derivado, impecablemente v\u00e1lida desde el punto de vista dentro del ordenamiento europeo. \u00c9sta es la doctrina recogida expl\u00edcitamente en el Fundamento Primero de la Declaraci\u00f3n 1\/1991, de 1 de julio de 1992, de la que ahora el Tribunal parece distanciarse. <\/p>\n

En sistemas como el nuestro, con un potente control a posteriori <\/em>, la \u00fanica v\u00eda eficaz para preservar a los Tratados del riesgo de que se los declare inconstitucionales tras su entrada en vigor, especialmente aquellos Tratados que, como los de la Uni\u00f3n, crean un orden din\u00e1mico, es la de dotar a dichos Tratados de valor constitucional. Esa intuici\u00f3n es la que seguramente inspir\u00f3 los dos sucesivos Dict\u00e1menes (850\/91, de 20 de junio y 421\/92, de 9 de abril) emitidos por el Consejo de Estado en esa misma ocasi\u00f3n. En ambos, el Consejo de Estado llega a la conclusi\u00f3n de que el art\u00edculo 93 de la Constituci\u00f3n permite que las Cortes autoricen la ratificaci\u00f3n del Tratado, sin reforma constitucional previa, no porque no exista una notoria divergencia entre el nuevo art\u00edculo 8B del Tratado de la Comunidad Econ\u00f3mica Europea y el art\u00edculo 13.2 de nuestra propia Constituci\u00f3n, sino por la buena y simple raz\u00f3n de que la ratificaci\u00f3n del Tratado modificar\u00eda ese precepto constitucional.. A juicio del Alto \u00d3rgano Consultivo, con el art\u00edculo 93 \u00abse rompe… la rigidez propia de los mecanismos de revisi\u00f3n constitucional\u00bb, aunque tal ruptura no sea ilimitada, pues esa v\u00eda de revisi\u00f3n at\u00edpica no permitir\u00eda la ratificaci\u00f3n de Tratados que afecten a cuestiones cuya reforma ha de ajustarse al procedimiento previsto en el art\u00edculo 168 de la Constituci\u00f3n. Tanto la idea de que la ratificaci\u00f3n de los Tratados que sirven de instrumento a la integraci\u00f3n europea deber\u00eda hacerse por un procedimiento que permitiese al tiempo la reforma de la Constituci\u00f3n, como la de que ese procedimiento debe tener el mismo alcance que el previsto en el art\u00edculo 167 de la Constituci\u00f3n, son a mi juicio perfectamente plausibles, pero desgraciadamente la plausibilidad de las ideas no es prueba de su adecuaci\u00f3n a la realidad. La idea de un ser perfecto no es prueba de su existencia, y la idea de que la Constituci\u00f3n perfecta para un Estado integrado en la Uni\u00f3n es aquella que permite su reforma a trav\u00e9s de los Tratados \u00abeuropeos\u00bb no autoriza a sostener que la v\u00eda prevista en el art\u00edculo 93 es, por eso mismo, un procedimiento at\u00edpico para la reforma constitucional, cuando por ninguno de los m\u00e9todos de interpretaci\u00f3n admisibles en derecho puede llegarse a esa conclusi\u00f3n. As\u00ed lo entendi\u00f3 el Tribunal Constitucional en la decisi\u00f3n antes citada. Como sin embargo, por todas las razones ya expuestas, el \u00fanico modo de asegurar que los complejos Tratados de la Uni\u00f3n no entran en colisi\u00f3n con el texto de la Constituci\u00f3n es dotarlos de valor constitucional, lo que ha de hacerse, para expresarlo de manera provocadora, es modificar el art\u00edculo 93 para que efectivamente diga lo que el Consejo de Estado quiso leer en \u00e9l, y en su redacci\u00f3n actual, como dijo el Tribunal Constitucional, manifiestamente no dice. Si esta modificaci\u00f3n debe ser una sustituci\u00f3n del texto actual por otro que se refiera espec\u00edficamente a la Uni\u00f3n Europea, o debe tratarse m\u00e1s bien de una adici\u00f3n que mantenga, para otros efectos y con otros fines, la transferencia de competencias a otras organizaciones internacionales, es cuesti\u00f3n en la que ahora no hay que entrar. S\u00ed precisar, por si cupiese alguna duda, que el procedimiento para la ratificaci\u00f3n de los Tratados \u00abeuropeos\u00bb deber\u00eda ser el previsto en el art\u00edculo 167 de la Constituci\u00f3n, de manera que seguir\u00eda siendo inexcusable la previa reforma de \u00e9sta cuando las estipulaciones del Tratado afectasen a materias cuya modificaci\u00f3n requiere acudir al regulado en el art\u00edculo 168. Esta dualidad de procedimientos disponibles para la reforma constitucional no es tan lamentable como algunas recientes publicaciones podr\u00edan hacer pensar, e incluso m\u00e1s bien afortunada. Gracias a ella tenemos en <\/p>\n

Espa\u00f1a base suficiente para construir, con s\u00f3lido apoyo en las normas, una doctrina que lleve a resultados semejantes a los que en otros pa\u00edses se consiguen mucho m\u00e1s dif\u00edcilmente apelando a veces a principios y categor\u00edas no estrictamente jur\u00eddicos. La conveniencia de esta doble v\u00eda, que antes hab\u00eda pasado por alto, y ahora creo evidente, es la que me ha llevado a la rectificaci\u00f3n que a continuaci\u00f3n explico. <\/p>\n

El momento de la reforma <\/em><\/strong><\/p>\n

A partir de las ideas expuestas, en algunas conferencias recientes he sostenido la conveniencia de reformar la Constituci\u00f3n antes de proceder a la ratificaci\u00f3n del Tratado por el que se instituye una Constituci\u00f3n para Europa. De anticipar a la ratificaci\u00f3n una reforma cuya necesidad hab\u00eda proclamado reiteradamente antes del Tratado, aunque \u00e9ste la haya hecho m\u00e1s evidente. Tambi\u00e9n el Consejo de Estado, en su Dictamen del pasado d\u00eda 21 de octubre, expuso, con la prudencia que le es propia, las razones que pod\u00edan llevar a pensar en la necesidad de esta reforma y sugiri\u00f3 al gobierno la conveniencia de que, antes de proceder a solicitar la autorizaci\u00f3n de las Cortes para ratificar el Tratado Constitucional de la Uni\u00f3n, hiciera uso del art\u00edculo 95 para pedir el juicio del Tribunal Constitucional sobre la compatibilidad o incompatibilidad de ese Tratado con nuestra Constituci\u00f3n. Siguiendo esta sugerencia, el gobierno se dirigi\u00f3 al Tribunal, que acaba de responder la consulta con su Declaraci\u00f3n del 13 de Diciembre, en la que niega la necesidad de tal reforma. <\/p>\n

Como el Tribunal Constitucional es el int\u00e9rprete supremo de la Constituci\u00f3n, su decisi\u00f3n es la verdad jur\u00eddica que todos hemos de aceptar como incontestable. Otra cosa son naturalmente las razones que llevan a ella, abiertas como todo producto del intelecto a la cr\u00edtica razonada. Son muchos los motivos que me llevan a no entrar en ella, aunque esos motivos no me impiden tampoco afirmar que las razones del Tribunal no s\u00f3lo no me han hecho abandonar las m\u00edas, sino que m\u00e1s bien las han fortalecido. En todo caso, y autorizado en alguna medida por el uso que uno de los votos particulares hace de un art\u00edculo que publiqu\u00e9 en El Pa\u00eds <\/em>en el mes de julio del pasado a\u00f1o, s\u00ed quiero hacer algunas precisiones sobre una cuesti\u00f3n que, a la vista de la decisi\u00f3n del Tribunal, ha dejado de tener actualidad, pero que volver\u00e1 a tenerla en el futuro, al acometer el programa de reformas constitucionales ya anunciado: el del procedimiento a seguir para reformar la Constituci\u00f3n en este punto. <\/p>\n

En el mencionado art\u00edculo (\u00abEl refer\u00e9ndum superfluo y el necesario\u00bb), en el que criticaba el acuerdo suscrito al menos por cuatro grupos parlamentarios de convocar un refer\u00e9ndum coincidiendo aproximadamente con la fecha prevista para la firma del Tratado \u00abconstitucional\u00bb, yo sosten\u00eda efectivamente la conveniencia de acometer la reforma de nuestra Constituci\u00f3n por la v\u00eda prevista en el art\u00edculo 168. Me basaba para ello en dos razones. Una puramente circunstancial: la de la coincidencia del t\u00e9rmino de la legislatura en curso con el de los trabajos de la Convenci\u00f3n. Si la reforma se aprobaba en principio antes de la disoluci\u00f3n de las Cortes, dec\u00eda yo, las elegidas en marzo podr\u00edan aprobar definitivamente esa reforma y Espa\u00f1a estar\u00eda en condiciones de ratificar el Tratado ya con una Constituci\u00f3n reformada. La segunda de mis razones, de naturaleza muy distinta, intentaba complementar la anterior, con la consideraci\u00f3n de que la ratificaci\u00f3n del Tratado de la Uni\u00f3n, en virtud sobre todo de la consagraci\u00f3n que en \u00e9l se hace del principio de primac\u00eda del derecho europeo sobre el interno, incluido el constitucional, afectaba directamente al principio de supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n, \u00abinherente a la idea misma de Constituci\u00f3n como norma y expl\u00edcito adem\u00e1s en el art\u00edculo 9.1 y otros preceptos del propio texto constitucional.\u00bb <\/p>\n

La primera de estas dos razones ha dejado de existir por el paso del tiempo y el cambio de circunstancias. Como ni lo uno ni lo otro afectan a la segunda de mis razones, mi conclusi\u00f3n deber\u00eda mantenerse inalterada si siguiera creyendo que esa raz\u00f3n es v\u00e1lida en los t\u00e9rminos en los que entonces la expuse. Lo cierto es, sin embargo, que sin haberla abandonado, la he desarrollado algo m\u00e1s y que este desarrollo me lleva, como digo en el apartado anterior, a una conclusi\u00f3n distinta. Sigo pensando, ahora como hace un a\u00f1o, que la aceptaci\u00f3n de la primac\u00eda del derecho europeo afecta sustancialmente a la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n y, dicho sea con todos los respetos, me parece que yerran quienes se niegan a aceptar esta evidencia con el argumento de que primac\u00eda y supremac\u00eda son categor\u00edas que operan en planos distintos. Seguramente jerarqu\u00eda y competencia son dos formas distintas de resolver las colisiones normativas, y es cierto que cabe distinguir el juicio sobre la aplicabilidad de las normas del que tiene por objeto su validez, pero cuando la norma desplazada por aplicaci\u00f3n del principio de primac\u00eda es precisamente la norma suprema, la que opera como fundamento validez de todo el ordenamiento interno, el \u00abdesplazamiento\u00bb destruye tambi\u00e9n la supremac\u00eda. Una norma suprema no puede ser desplazada por ninguna otra sin dejar de serlo. <\/p>\n

Para que la Constituci\u00f3n siga si\u00e9ndolo es indispensable por eso que haya en ella al menos un reducto frente al que no cabe invocar la primac\u00eda del derecho europeo. Ese reducto desaparecer\u00eda si la ratificaci\u00f3n del Tratado constitucional de la Uni\u00f3n se hiciese por el procedimiento previsto en el art\u00edculo 168, pero se preserva si el procedimiento seguido para autorizar la ratificaci\u00f3n es el del art\u00edculo 167, pues es claro que entonces quedan al margen de la primac\u00eda todas las normas constitucionales cuya reforma requiere el recurso al primero de estos procedimientos. En definitiva, aceptar la primac\u00eda, pero s\u00f3lo en tanto \u00e9sta no afecta a lo que los franceses llaman \u00abcondiciones esenciales de ejercicio de la soberan\u00eda\u00bb. Una exclusi\u00f3n que, por lo dem\u00e1s, se adecua perfectamente al respeto de la Uni\u00f3n hacia \u00ablas estructuras fundamentales, pol\u00edticas y constitucionales de los Estados miembros\u00bb que proclama el art\u00edculo I-5 del Tratado. Es la necesidad de mantener la intangibilidad de esas estructuras fundamentales la que me ha llevado a la conclusi\u00f3n de que ser\u00eda inadecuado ratificar el Tratado de la Uni\u00f3n mediante un procedimiento que lo situar\u00eda al nivel de \u00e9stas. Una intangibilidad que en la reciente decisi\u00f3n el Tribunal Constitucional intenta tambi\u00e9n preservar al recabar para s\u00ed la facultad de excluir la aplicabilidad del derecho europeo en el caso \u00abinconcebible\u00bb de que \u00e9ste vaya contra los Derechos Fundamentales u otros elementos esenciales de nuestra Constituci\u00f3n. Creo que efectivamente la tiene, pero para que no exista como simple producto del voluntarismo, es preciso dotarla del fundamento que la decisi\u00f3n en la que va inserta se esfuerza en negarle. Es necesario, dicho llanamente, reformar la Constituci\u00f3n. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Autor: Francisco Rubio Llorente Revista: Revista de Occidente n\u00ba 284 Introducci\u00f3n La incorporaci\u00f3n de Espa\u00f1a al proceso de integraci\u00f3n europea se ha encauzado hasta el presente a trav\u00e9s del art\u00edculo 93 de la Constituci\u00f3n, cuyo texto, que no hace referencia expl\u00edcita alguna a dicho proceso, se inspira en la redacci\u00f3n que en 1978 ten\u00eda el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[351,450,430],"class_list":["post-46971","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-articulos","tag-articulo-html","tag-critica-de-la-cultura","tag-revista-de-occidente"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/formacionsimple.com\/revistasculturales\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46971","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/formacionsimple.com\/revistasculturales\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/formacionsimple.com\/revistasculturales\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/formacionsimple.com\/revistasculturales\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/formacionsimple.com\/revistasculturales\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=46971"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/formacionsimple.com\/revistasculturales\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46971\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":49195,"href":"http:\/\/formacionsimple.com\/revistasculturales\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46971\/revisions\/49195"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/formacionsimple.com\/revistasculturales\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=46971"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/formacionsimple.com\/revistasculturales\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=46971"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/formacionsimple.com\/revistasculturales\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=46971"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}