{"id":46804,"date":"2000-01-01T00:00:00","date_gmt":"2000-01-01T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/formacionsimple.com\/revistasculturales\/archivos\/46804"},"modified":"2026-03-10T08:36:30","modified_gmt":"2026-03-10T08:36:30","slug":"ese-libro-forrado-en-terciopelo-rojo","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/formacionsimple.com\/revistasculturales\/ese-libro-forrado-en-terciopelo-rojo\/","title":{"rendered":"Ese libro forrado en terciopelo rojo"},"content":{"rendered":"<p><strong>Autor:<\/strong> Jos\u00e9 Mar\u00eda Portillo<\/p>\n<p><strong>Revista:<\/strong> Revista de Libros n\u00ba 145<\/p>\n<hr\/>\n<p>Apuntan ya los tiempos hacia los fastos que recuerdan la crisis de 1808 y su soluci&oacute;n de 1812. Si no me enga&ntilde;o, este bicentenario traer&aacute; cosida una entusiasta imagen historiogr&aacute;fica del momento gaditano como el inicio del cabo rojo que conduce en derechura a nuestro presente constitucional. El parang&oacute;n quedar&iacute;a redondo si no fuera por el inconveniente de que, se mire como se mire, los Borbones de entonces tuvieron un comportamiento pol&iacute;tico literalmente criminal, cediendo la Corona en 1808 y liquidando la Constituci&oacute;n en 1814. La gloria de C&aacute;diz, sin embargo, no es mon&aacute;rquica sino nacional. Por ello, previsiblemente, C&aacute;diz ser&aacute; en 2012 el momento de g&eacute;nesis de la monarqu&iacute;a constitucional como logro nacional con todos sus consecuentes: divisi&oacute;n de poderes, derechos individuales y sus garant&iacute;as, codificaci&oacute;n y principio de legalidad: en suma, el bicentenario tiene muchas posibilidades como momento para declararnos todos hijos pol&iacute;ticos de C&aacute;diz. <\/p>\n<p> Desde tal punto de vista el libro que han compuesto Marta Lorente y Carlos Garriga es, sin paliativo que valga, absolutamente inconveniente. Recopilan aqu&iacute; ambos profesores una labor ensay&iacute;stica sobre el primer constitucionalismo espa&ntilde;ol desarrollada durante los &uacute;ltimos diez a&ntilde;os. No es que el libro est&eacute; concebido para aguar la fiesta, ni mucho menos. De hecho, su publicaci&oacute;n ahora ordena y presenta unos materiales provenientes de publicaciones y reuniones cient&iacute;ficas muy diversas que, ya de tiempo, vienen prestando el mejor homenaje que puede concebirse para efem&eacute;ride tan se&ntilde;alada: investigarla. Se a&ntilde;aden textos firmados individual y mancomunadamente, todos menos el primero ya p&uacute;blicos. Orbitan alrededor otros estudios y publicaciones, en buena parte dirigidos y espoleados por estos dos profesores y Bartolom&eacute; Clavero, autor del ep&iacute;logo, que, desde el grupo de investigaci&oacute;n HICOES (Historia Constitucional de Espa&ntilde;a), vienen dando notables frutos. <\/p>\n<p>El objeto central lo constituye, como dice Marta Lorente en uno de los cap&iacute;tulos que firma, ese libro forrado en terciopelo rojo que custodia el Archivo del Congreso de los Diputados bajo cuyas cubiertas se halla el ejemplar original de la Constituci&oacute;n Pol&iacute;tica de la Monarqu&iacute;a Espa&ntilde;ola . Si algo distingue el oficio mostrado en este libro del de otros especialistas en la materia es, precisamente, entender que ese texto tan singular debe entenderse e interpretarse m&aacute;s desde una historia de la cultura constitucional que desde una historia de las constituciones. La investigaci&oacute;n que conforma este volumen entra, por ello, en bibliotecas y archivos diversos \u2013del Congreso, por supuesto, pero tambi&eacute;n locales, provinciales, judiciales\u2013 y tiene muy al d&iacute;a la lectura de la producci&oacute;n historiogr&aacute;fica no espec&iacute;ficamente jur&iacute;dica relativa al momento gaditano. El libro rojo de la primera Constituci&oacute;n espa&ntilde;ola, interpretado como el producto de un momento hist&oacute;rico singular, ofrece aqu&iacute; como resultado una comprensi&oacute;n de C&aacute;diz que no hace ninguna concesi&oacute;n a su ubicaci&oacute;n pol&iacute;ticamente conveniente en nuestra gen&eacute;tica constitucional. <\/p>\n<p>El cap&iacute;tulo de arranque, tarjeta de presentaci&oacute;n del volumen, informa de la tesis que sostienen los ensayos que le siguen: la Constituci&oacute;n de 1812 vino a ordenar pol&iacute;ticamente un orden precedente de autoridades e instituciones, no a crear los cimientos de lo que con el tiempo, con mucho tiempo, ser&iacute;a el Estado de derecho. El &uacute;ltimo de los ensayos del volumen, de Marta Lorente, encara sin complejos la consecuencia historiogr&aacute;fica de esta afirmaci&oacute;n: solamente entre 1868 y 1931 se lleg&oacute; a producir realmente una revoluci&oacute;n constitucional de la que podamos considerarnos resultado pol&iacute;tico; lo anterior, si no ajeno, es prehistoria. Si C&aacute;diz es origen, vienen a decir los autores, &iquest;por qu&eacute; tard&oacute; tanto en fructificar lo esencial? &iquest;Por qu&eacute; sin c&oacute;digo civil hasta 1889, sin motivaci&oacute;n de sentencias hasta mediados de siglo, sin registro civil, poder judicial u orden regular en la Administraci&oacute;n hasta la d&eacute;cada de los setenta? Algo, evidentemente, no casa con la imagen de C&aacute;diz que se traslada una y otra vez a los manuales. Como el envite es de consideraci&oacute;n, Garriga y Lorente no tienen otra que fijar en sus an&aacute;lisis un espejo en el que ver reflejado en negativo el env&eacute;s de su &laquo;forma de ver&raquo; y que ha sido habitualmente tomado como el positivo al que la fotograf&iacute;a gaditana hab&iacute;a de semejarse: Francia. <\/p>\n<p>&laquo;Constitucionalismo jurisdiccional&raquo;, dice el t&iacute;tulo no pensado tanto para ahuyentar lectores cuanto para incitar al debate sobre C&aacute;diz. Es formulaci&oacute;n sint&eacute;tica, en efecto, de la propuesta que se ensaya y que afirma que nuestro primer constitucionalismo fue pensado para dotar de un orden coherente y funcional a un entramado jur&iacute;dico e institucional que se hereda, aunque a beneficio de inventario, de la tradici&oacute;n de la monarqu&iacute;a cat&oacute;lica. Exige este gui&oacute;n partir de una explicaci&oacute;n de la tradici&oacute;n jurisdiccional de la monarqu&iacute;a, en el contexto de los debates que sobre el &laquo;Estado moderno&raquo; tuvieron lugar en la historiograf&iacute;a europea en los a&ntilde;os setenta y ochenta. Explica ah&iacute; Carlos Garriga que la asunci&oacute;n de la noci&oacute;n de Estado para la descripci&oacute;n de la pol&iacute;tica moderna establece un orden del d&iacute;a de cuestiones que desdibujan, m&aacute;s que los contornos, su figura toda. Si la cultura pol&iacute;tica de la Europa moderna es inaprensible desde el supuesto de que el Estado es el nicho que va form&aacute;ndose, m&aacute;s lo fue en el caso de la monarqu&iacute;a espa&ntilde;ola. Orden como concepci&oacute;n teol&oacute;gica, tradici&oacute;n y diversidad como fundamentos e interpretaci&oacute;n como epistemolog&iacute;a y pr&aacute;ctica del derecho conformaban, seg&uacute;n Garriga, el car&aacute;cter jurisdiccional que llega a las puertas mismas de la revoluci&oacute;n de C&aacute;diz. <\/p>\n<p>Para dar cuenta del modo en que ese sistema operativo se reprogram&oacute; entre 1810 y 1812 entre la Real Isla de Le&oacute;n y C&aacute;diz, los autores escogen para este volumen una serie de ensayos que resultan tan inesperables como ilustrativos. Lo primero porque parece una expresa renuncia a los temas cl&aacute;sicos de la historia de las constituciones (derechos, poderes, instituciones); lo segundo porque les permiten adoptar la perspectiva apropiada a su propuesta forma de ver. Son cuestiones, como el juramento constitucional, la elaboraci&oacute;n de las leyes, el estatuto de los jueces o el de los empleados p&uacute;blicos, que permiten observar de manera novedosa asuntos tan gruesos como la divisi&oacute;n de poderes o la obligaci&oacute;n pol&iacute;tica. <\/p>\n<p>El supuesto de partida es para Lorente y Garriga el inverso del habitual, al no dar por supuesto que entre 1810 y 1812 se liquid&oacute; todo un sistema jur&iacute;dico pol&iacute;tico para ser sustituido por otro, siquiera en t&eacute;rminos de desider&aacute;tum. Derecho viejo y derecho nuevo, sostienen, m&aacute;s bien se entrelazaron en trenzas jur&iacute;dicas tan largas que a&uacute;n se peinaban juntas en las d&eacute;cadas finales de la centuria del Estado liberal. No se quiere con ello afirmar que la Constituci&oacute;n dejara de introducir un novum esencial consistente, para empezar, en su propia posici&oacute;n como ley fundamental . Lo que se pretende es poner de manifiesto los efectos que realmente tuvo este dato radicalmente novedoso. An&aacute;lisis como el de los efectos derogatorios de la Constituci&oacute;n o el de la potestad reglamentaria, que presenta Garriga, nos ofrecen la silueta de un modelo que funcionaba mucho m&aacute;s casu&iacute;stica que program&aacute;ticamente. Puede verse ah&iacute;, precisamente, que la delimitaci&oacute;n de la capacidad normativa ten&iacute;a que ver mucho m&aacute;s con un sistema complejo de autoridades que con una planta dise&ntilde;ada para diferenciar actos normativos como propios de una Administraci&oacute;n. <\/p>\n<p>&iquest;Significa esta entrada en materia una, digamos, &laquo;devaluaci&oacute;n&raquo; historiogr&aacute;fica de la Pepa ? Aunque esto pueda suponerse si el espejo ha de reflejar lo operado en Francia entre 1789 y 1804, creo que m&aacute;s bien sucede al contrario. Lorente y Garriga presentan un C&aacute;diz donde la Constituci&oacute;n se quiso hacer valer como norma pol&iacute;tica fundamental en un contexto en principio absolutamente hostil a esta idea. El repaso que hacen sobre la relaci&oacute;n entre jueces y leyes, as&iacute; como sobre los empleados p&uacute;blicos, resulta esclarecedor. Sin motivaci&oacute;n de las sentencias como reflejo expreso de la sujeci&oacute;n del juez a la ley, y sin Administraci&oacute;n como encarnaci&oacute;n institucional del poder ejecutivo, el sistema ten&iacute;a que pivotar sobre otras bases si realmente quer&iacute;a mantener la primac&iacute;a de la Constituci&oacute;n. El acierto de estos ensayos consiste, a mi juicio, en mostrar, por un lado, c&oacute;mo se relacionaban los elementos que s&iacute; exist&iacute;an en la carta magna y en la realidad jur&iacute;dico-pol&iacute;tica del momento: leyes, normas, jueces y empleados p&uacute;blicos. Por otro, detectan en la responsabilidad de jueces y empleados el v&iacute;nculo que los obligaba respecto de la constituci&oacute;n. Un sistema difuso de control de la adecuaci&oacute;n del comportamiento de cada empleado p&uacute;blico a la Constituci&oacute;n permiti&oacute; que el sistema se cerrara, en realidad, sobre la primac&iacute;a pol&iacute;tica de las Cortes como representaci&oacute;n nacional. <\/p>\n<p>La novedad de C&aacute;diz queda as&iacute;, creo, m&aacute;s de relieve. Fue la eclosi&oacute;n del sujeto pol&iacute;tico llamado naci&oacute;n espa&ntilde;ola, concebida, o querida al menos, como un super omnia pol&iacute;tico, lo que result&oacute; revolucionario en C&aacute;diz, 1812. Era el sue&ntilde;o ilustrado hecho realidad, mucho m&aacute;s que la premonici&oacute;n liberal del Estado o la monarqu&iacute;a constitucional. Aunque los autores no entran en otras dimensiones, fue un sue&ntilde;o que se hizo realidad, adem&aacute;s, simult&aacute;neamente, en varias esquinas de la monarqu&iacute;a espa&ntilde;ola, con principios muy similares. El cap&iacute;tulo que dedica Lorente al primer constitucionalismo mexicano esclarece bastante las dimensiones del inter&eacute;s que tiene replantearse C&aacute;diz como parte sustancial de ese laboratorio hispano. <\/p>\n<p>La naci&oacute;n de C&aacute;diz, como rezaba el primer art&iacute;culo de la Constituci&oacute;n , se entend&iacute;a como reuni&oacute;n de espa&ntilde;oles de ambos hemisferios. Su sociolog&iacute;a, el modo en que esos espa&ntilde;oles de tan vasta naci&oacute;n se articulaban hasta conformarla y representarla en Cortes, es aprehensible tambi&eacute;n a trav&eacute;s de algunas de las instituciones jur&iacute;dico-pol&iacute;ticas que los autores de estos ensayos incluyen en este volumen. El estudio del juramento constitucional es, al respecto, especialmente esclarecedor. Informa, por un lado, de la relevancia que ten&iacute;a esta figura religiosa para la obligaci&oacute;n pol&iacute;tica y, por otro, muestra la complejidad corporativa de la sociedad de espa&ntilde;oles que dec&iacute;a el primer art&iacute;culo constitucional, pues el juramento de la Constituci&oacute;n , obligatorio por supuesto, implicaba a todo tipo de autoridades, personas y cuerpos, es decir, a las distintas formas de componerse socialmente o manifestarse el estatuto de aquellas personas que se dec&iacute;an espa&ntilde;oles y que no se entend&iacute;an como meros individuos. <\/p>\n<p>Aunque, como se ha dicho arriba, este libro va a contrapelo de la m&aacute;s habitual y pol&iacute;ticamente conveniente actitud celebrativa de C&aacute;diz como el origen de nuestra propia bonanza constitucional, abre con ello mucho m&aacute;s el campo de juego para la reflexi&oacute;n a partir de ah&iacute;. Lo demuestra el ep&iacute;logo compuesto por Bartolom&eacute; Clavero, donde precisamente se hace un repaso de la fortuna historiogr&aacute;fica de C&aacute;diz en dial&eacute;ctica relaci&oacute;n con los tiempos pol&iacute;ticos desde la publicaci&oacute;n de la obra de Miguel Artola Los or&iacute;genes de la Espa&ntilde;a contempor&aacute;nea (1959). Del an&aacute;lisis que ofrece sobre los usos de C&aacute;diz creo que es f&aacute;cil inferir que el inter&eacute;s no s&oacute;lo historiogr&aacute;fico sino tambi&eacute;n social y pol&iacute;tico de C&aacute;diz para los espa&ntilde;oles de hoy puede venir mucho m&aacute;s de su observaci&oacute;n cr&iacute;tica, y sin supuestas deudas de paternidad, que del entusiasmo historiogr&aacute;fico. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Autor: Jos\u00e9 Mar\u00eda Portillo Revista: Revista de Libros n\u00ba 145 Apuntan ya los tiempos hacia los fastos que recuerdan la crisis de 1808 y su soluci&oacute;n de 1812. 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